Mientras las universidades siguen esperando que se cumpla la ley de financiamiento aprobada por el Congreso y ratificada por la Corte Suprema, un estudio del Instituto Interdisciplinario de Economía Política (IIEP) de la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA midió una baja del 47,7% en los fondos destinados a educación durante el bienio 2024-2025.
Según el informe, en 2024 la función Educación y Cultura tuvo una contracción real del 43,2% respecto del año anterior, y su participación en el PBI bajó unos 0,6 puntos porcentuales. El recorte se dio en el marco de un ajuste más amplio del gasto público nacional, pero en este sector fue más pronunciado que en otras áreas.
Buena parte de esa caída se explica por la eliminación del Fondo Nacional de Incentivo Docente (FONID), que hasta entonces complementaba los salarios docentes provinciales. Sin ese aporte, las provincias tuvieron que hacerse cargo de una porción mayor del gasto, lo que profundizó el esquema descentralizado del sistema educativo argentino.
En 2025 la tendencia continuó, con una baja real del 7,9%. El IIEP señaló que el ajuste volvió a golpear principalmente las transferencias a universidades, provincias y programas de apoyo estudiantil. Para 2026, si no se amplían las partidas actuales, la proyección indica una nueva caída real del 12,7%, lo que dejaría al presupuesto educativo con tres años consecutivos en baja y a la participación de Educación y Cultura en sus niveles más bajos desde que existe la serie de datos.
Dentro de los programas, el financiamiento universitario cayó 5,4% interanual en 2025, las becas estudiantiles bajaron 42,5% y el programa de Gestión Educativa y Políticas Socioeducativas se redujo 49,5%. La excepción fue el Plan Nacional de Alfabetización, que aumentó su ejecución y pasó a ser una de las principales líneas de la Secretaría de Educación.
Financiamiento a la oferta o a la demanda
El informe también repasa el debate de fondo sobre los modelos de financiamiento educativo. El esquema tradicional asigna recursos a los sistemas provinciales y a las instituciones para sostener infraestructura, cargos docentes y salarios. El otro modelo, orientado a la demanda, transfiere fondos directamente a familias o estudiantes para que elijan entre distintos proveedores educativos, bajo la lógica de que la competencia entre instituciones mejora la eficiencia y la calidad.
El IIEP advierte que ese segundo esquema no puede analizarse solo en términos de eficiencia: también hay que mirar sus efectos sobre la equidad y la distribución territorial de la oferta. En contextos de fuerte desigualdad, señala el instituto, la competencia entre instituciones puede terminar segmentando la matrícula y debilitando la oferta estatal.
El Gobierno impulsa el debate sobre vouchers, becas o transferencias directas a familias. El IIEP plantea que ese cambio de modelo no es neutro en lo fiscal: mientras el financiamiento a la oferta permite distribuir recursos según criterios de cobertura territorial, el financiamiento a la demanda traslada esa decisión a las familias, lo que reduce el sostén a las capacidades instaladas y aumenta el subsidio a elecciones individuales.
Desde 2024 rige un sistema de vouchers para familias con hijos en escuelas privadas subvencionadas, que alcanzó a 830.000 estudiantes en 2024 y a 504.808 en 2025. El IIEP aclara que no se trata de un sistema generalizado, sino de una transferencia focalizada para cubrir parte de las cuotas. De todos modos, remarca que esa iniciativa reforzó los recursos nacionales hacia la educación privada en un momento de desfinanciamiento de la pública. A esto se suma que desde 2023 existe la posibilidad de deducir en Ganancias los gastos en escuelas privadas, un beneficio que favorece a los sectores de mayores ingresos.
El proyecto de «Libertad Educativa», que propone transferencias a instituciones privadas, es otro de los puntos que analiza el informe. El IIEP sostiene que, aunque el objetivo declarado es garantizar el derecho de las familias a elegir una educación acorde a sus valores, la medida podría profundizar la segmentación del sistema y generar desigualdad en el acceso a una educación de calidad, en momentos en que la educación pública pierde recursos.
El informe aclara, de todos modos, que el alcance de este tipo de políticas es limitado, porque la matrícula sigue muy concentrada en las escuelas públicas, con la excepción de CABA. Y advierte que las jurisdicciones donde más matrícula privada hay coinciden, en general, con las que tienen mayor disponibilidad presupuestaria, lo que podría profundizar las desigualdades territoriales ya existentes en materia de financiamiento educativo.
