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La Provincia podrá cobrarles hasta 50% más a las prepagas por atención en hospitales públicos

La Pampa modificó el mecanismo con el que recupera los costos de las prestaciones que los hospitales públicos brindan a pacientes con cobertura médica privada. El Decreto Nº 1229, publicado en el Boletín Oficial, faculta al Ministerio de Salud a aplicar un adicional de hasta el 50% sobre los aranceles vigentes cuando la atención sea a afiliados de empresas de medicina prepaga.

La norma reemplaza al Decreto 408/99, que regulaba este esquema desde hacía más de 25 años.

El adicional no se aplica de forma automática: cada caso requiere una resolución fundada del Ministerio de Salud, que debe considerar la complejidad de la prestación y sus costos reales.

Desde el Gobierno provincial aclararon que la medida no afecta a los afiliados —el cobro recae sobre las prepagas— y que no modifica el esquema vigente para obras sociales sindicales ni mutuales. El objetivo declarado es achicar la brecha entre lo que las prepagas pagan por una prestación en un hospital público y lo que pagan por la misma prestación en una clínica privada.

«Hoy una prepaga puede pagar un determinado valor por una intervención en un hospital público y un monto considerablemente mayor por la misma práctica en una clínica privada. Lo que se busca es establecer un esquema de mayor equidad», señalaron fuentes oficiales.

Cómo se factura

Cuando no exista un convenio específico, las prestaciones se facturarán según el nomenclador del SEMPRE, la obra social provincial. Las prepagas tendrán 30 días desde la recepción de la factura para pagar, y los montos se actualizarán automáticamente cada vez que el Directorio del Instituto de Seguridad Social modifique sus aranceles.

Los afiliados a PAMI y SEMPRE quedan al margen de este cambio: siguen rigiéndose por los convenios específicos ya vigentes o por los que se firmen en el futuro.

El decreto también obliga a que el paciente —o quien lo represente— presente una declaración jurada sobre su cobertura de salud, con la documentación que permita a la Provincia identificar a quién corresponde cobrarle.

Según el texto oficial, el adicional debe aplicarse con criterios de razonabilidad y proporcionalidad, y busca mejorar el recupero de costos del sistema público, ordenar el uso de los recursos disponibles y sostener la atención gratuita para quienes no tienen ninguna cobertura médica.

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