Las empresas Pampa Bio, de General Pico, y Enresa, de Catriló, están en alerta ante los cambios en el régimen nacional de biocombustibles, que ya obtuvo media sanción en el Senado. Las pequeñas y medianas productoras sostienen que la iniciativa reduce progresivamente el mercado reservado para ellas y podría provocar el cierre de más de la mitad de las plantas elaboradoras del país.
A través de la Cámara de Empresas Pymes Regionales Elaboradoras de Biocombustibles (Cepreb), firmas de La Pampa, Buenos Aires, San Luis y Entre Ríos buscan introducir modificaciones al proyecto durante su tratamiento en la Cámara de Diputados. En conjunto, las empresas de esas provincias representan alrededor del 65% de la producción nacional de biodiésel.
El director ejecutivo de la entidad, Federico Martelli, afirmó que los gobiernos de La Pampa, Buenos Aires y San Luis coinciden con los cuestionamientos al esquema propuesto y planteó que contar con mayoría parlamentaria no garantiza alcanzar consensos sobre la reforma.
Menos mercado para las plantas regionales
El proyecto eleva del 7,5% al 10% la proporción obligatoria de biodiésel que debe mezclarse con el gasoil. Sin embargo, según el análisis de Cepreb, reduce gradualmente el cupo destinado a las empresas no integradas —entre ellas, las pymes regionales— hasta llevarlo al 4% en 2031, con su eliminación prevista para 2036.
La cámara advierte que, si el texto se aprueba sin cambios, las plantas pampeanas podrían perder progresivamente su mercado interno hasta quedar sin un canal de comercialización para su producción.
La iniciativa también propone aumentar del 12% al 15% la mezcla de bioetanol en las naftas, con una distribución de seis puntos porcentuales para el sector azucarero y otros seis para el maicero durante la vigencia de la ley. Desde las pymes biodieseleras cuestionan que el esquema otorgue condiciones diferentes a las distintas actividades regionales.
Otro punto de preocupación es la posibilidad de que las grandes empresas aceiteras del polo industrial de Rosario ingresen al mercado interno de biodiésel, un espacio en el que hasta ahora tenían restricciones. Estas compañías cuentan con producción propia de aceite de soja, una ventaja frente a las plantas regionales que deben comprar la materia prima y afrontar los costos de transporte.
La diferencia de costos y el riesgo de cierres
El aceite de soja representa aproximadamente el 80% del costo de elaboración del biodiésel. Según Cepreb, las empresas integradas tienen ventajas por su escala y por disponer de materia prima propia, mientras que las pymes dependen de proveedores externos.
La entidad calcula que una reducción del cupo protegido al 4% llevaría el volumen anual disponible para las pequeñas y medianas elaboradoras de 902.700 a 481.440 toneladas. Bajo ese escenario, podrían cerrar 14 de las 25 plantas existentes en el país, nueve de ellas ubicadas en Buenos Aires.
Como alternativa, el gobierno bonaerense trabaja en un esquema de Compre Bonaerense para que las refinerías de La Plata, Campana, Dock Sud y Bahía Blanca prioricen el abastecimiento con biodiésel producido en esa provincia. La propuesta incluiría beneficios impositivos y contratos de suministro, con el objetivo de disputar un mercado estimado en unas 500.000 toneladas anuales. La iniciativa también habría despertado interés en La Pampa y San Luis.
La discusión en el Congreso
El debate también tiene repercusiones entre los representantes pampeanos. El diputado nacional del PRO Martín Ardohain reclamó que la comisión de Agroindustria, que preside, participe del análisis de la reforma en la Cámara baja.
En la votación del Senado, la pampeana Victoria Huala, del PRO, respaldó la iniciativa, mientras que el radical Daniel Kroneberger estuvo ausente. El peronista Daniel Bensusán votó en contra del proyecto.
Frente al texto aprobado inicialmente, Cepreb propone elevar el corte obligatorio al 12,5%, con cinco puntos destinados a las pymes regionales, 2,5 para las empresas no integradas de Rosario y cinco de libre mercado. La entidad pretende que esa distribución se mantenga durante toda la vigencia de la norma.
La discusión también generó diferencias dentro de la Liga Bioenergética, que nuclea a ocho provincias, y abrió tensiones entre sectores del peronismo por la posibilidad de que legisladores santafesinos acompañen la reforma.
Mientras el proyecto avanza en el Congreso, Pampa Bio y Enresa aguardan definiciones sobre un régimen que puede modificar de manera sustancial sus posibilidades de producción y comercialización, además de afectar el empleo y la actividad industrial vinculada con los biocombustibles en La Pampa.
