El gobernador Sergio Ziliotto promulgó el decreto 901/26 que pone en vigencia la ley de Emergencia Pública en Salud Mental y Consumos Problemáticos para toda la provincia. La norma, aprobada por unanimidad en la Cámara de Diputados el 21 de mayo, fue publicada este viernes en el Boletín Oficial y rige por dos años, con posibilidad de extenderse por un período igual.
La ley no se limita a una declaración formal. Obliga al Ministerio de Salud a elaborar e implementar un Plan Provincial de Emergencia con acciones concretas: refuerzo de guardias de salud mental las 24 horas, fortalecimiento de las líneas 132 y 136 de atención en crisis, construcción de Centros de Día Comunitarios en 25 de Mayo, Guatraché, General Pico, Victorica y General Acha, y ampliación de los servicios de salud mental en los hospitales Lucio Molas-René Favaloro de Santa Rosa, Padre Buodo de General Acha y Gobernador Centeno de General Pico.
Para sostener eso, se crean 30 cargos profesionales dentro de la Subsecretaría de Salud Mental y Adicciones. Al terminar el período de emergencia, esos puestos pasan a planta permanente.
La norma también crea una nueva rama dentro de la Carrera Sanitaria Provincial para operadores de atención telefónica y remota —el Ejecutivo tiene 180 días para enviar el proyecto de ley que la regule— y habilita mecanismos de contratación simplificados para agilizar compras y obras vinculadas a la emergencia.
En cuanto al alcance conceptual, la ley incorpora una definición amplia de consumos problemáticos que incluye no solo adicciones a sustancias sino también conductas compulsivas como el juego, el uso de nuevas tecnologías y las compras. La definición de salud mental sigue los criterios de la Ley Nacional: un proceso complejo donde intervienen factores históricos, sociales, económicos, culturales, biológicos y psicológicos.
El seguimiento de la implementación quedará a cargo de una Mesa de Trabajo interministerial con participación de legisladores de mayoría y minoría. El Ministerio de Salud deberá reportar anualmente a la Cámara de Diputados sobre el avance de las acciones y la ejecución presupuestaria.
