Los concejales escucharon a seis expositores que dejaron posiciones claras: hay quienes apoyan el desarrollo con controles, quienes lo rechazan de plano, y quienes plantean que la decisión excede al municipio.
La segunda audiencia pública sobre el proyecto de urbanización del fideicomiso Santa Rosa Rugby Club, que pretende desarrollar un loteo sobre el acuífero Toay-Santa Rosa-Anguil-Catriló, se realizó este martes en el tercer piso de la UNLPam con menor concurrencia que la jornada anterior.
La Caja Forense de La Pampa fue representada por el abogado Rodrigo Villa, quien encuadró su presentación como una aclaración sobre las reglas vigentes, no como adhesión ni impugnación. Recordó que el Código Urbano Ambiental, aprobado por unanimidad, definió la franja entre el kilómetro 602 y 605 de la ruta nacional 5 como zona de urbanización futura. Pero al estar emplazado sobre el acuífero, cualquier proyecto en esa área requiere aprobación de la Secretaría de Recursos Hídricos provincial. Su pedido fue concreto: antes de votar, el Concejo Deliberante debería girar el expediente a esa dependencia y esperar el informe técnico.
También recordó el precedente de la estación de servicio habilitada en el mismo corredor durante la gestión del exintendente Leandro Altolaguirre, y reclamó que el mismo estándar técnico se aplique a todos los proyectos sin excepción.
La Cámara de Comercio, Industria y Producción (Cacip) llevó una posición más propositiva. Su representante, Rosalyn Valenzuela, manifestó que la institución respalda los proyectos inmobiliarios que demuestren, mediante estudios técnicos independientes, que no afectarán la cantidad ni la calidad del agua subterránea. Pero fue más lejos: propuso crear un Consejo Permanente de Gestión y Protección del Acuífero con representación multisectorial —ingenieros, arquitectos, la universidad, organizaciones ambientales, empresas prestadoras de agua— sin que ningún sector tenga mayoría propia, con presidencia rotativa cada dos años y financiamiento a través de un canon que pagarían los propietarios de los lotes.
También tomaron la palabra el ingeniero agrónomo Víctor Sesma, propietario de uno de los 171 lotes del proyecto, quien defendió la factibilidad técnica de la urbanización y propuso trabajar el comportamiento hídrico de forma planificada; y el geólogo Gustavo Fábregas, quien señaló que el área en cuestión se ubica en una zona de baja recarga del acuífero y que el proyecto no contempla perforaciones.
Del lado opuesto se expresaron la Asamblea por los Ríos Pampeanos y Sitrasap. Néstor Lastiri, de la Asamblea, advirtió que cualquier daño al agua subterránea es irreversible y reclamó que se profundicen las medidas normativas de protección. Mirta Viola, de Sitrasap, señaló que no se presentó en tiempo y forma un estudio de impacto ambiental y alertó que el acuífero actualmente solo puede proveer el 45% del agua que necesita la ciudad. Iñaki Esponda, de la UTT, sumó una crítica de otra naturaleza: cuestionó que el proyecto concentra la renta urbana en pocas manos sin resolver el déficit habitacional, y propuso ampliar la cesión obligatoria de tierras al municipio en loteos de más de cinco hectáreas.
La audiencia también trajo reproches viejos a la superficie. El intendente Luciano di Nápoli y el concejal Francisco Bompadre le recordaron a Altolaguirre que durante su gestión aprobó en 14 días, sin audiencia pública, la instalación de una estación de servicio sobre el mismo corredor de la ruta 5. Altolaguirre, que participó en representación de la Fundación Alihuen, respondió escuetamente que «el Concejo Deliberante lo aprobó así».
La tercera y última jornada de audiencia se realizará hoy, con seis nuevos expositores.
