La Corte Suprema de Justicia de la Nación admitió la demanda presentada por el Gobierno de La Pampa contra el Estado nacional por la distribución de los fondos del Fondo de Aportes del Tesoro Nacional (ATN) y emplazó al Gobierno nacional para que responda el planteo formulado por la Provincia en el término de 60 días.
La decisión del máximo tribunal implica un avance institucional clave en el reclamo impulsado por la administración pampeana, ya que la Corte se declaró competente para intervenir en la causa y dio traslado de la presentación al Poder Ejecutivo Nacional, que ahora deberá contestar formalmente los argumentos expuestos por La Pampa.
La acción judicial fue promovida en mayo de 2024 por el gobernador Sergio Ziliotto a través de la Fiscalía de Estado encabezada por Romina Schmidt y con el patrocinio del constitucionalista Andrés Gil Domínguez.
La Provincia presentó ante la Corte Suprema una acción declarativa de inconstitucionalidad para reclamar que los recursos correspondientes al uno por ciento asignado al Fondo de Aportes del Tesoro Nacional integren la masa de fondos coparticipables y sean distribuidos automáticamente entre las provincias, tal como establece la Ley 23.548 de Coparticipación Federal.
Obligación legal y constitucional
En la demanda, La Pampa planteó que el Fondo de Aportes del Tesoro Nacional pertenece a las provincias y que el Estado nacional tiene la obligación legal y constitucional de distribuir esos recursos para atender situaciones de emergencia y desequilibrios financieros provinciales.
La presentación judicial sostiene que, en el actual contexto de crisis económica y caída de ingresos, el Gobierno nacional “se ha apropiado en forma indebida de fondos que no le pertenecen”, incumpliendo con la obligación de distribución prevista por la normativa vigente y afectando de manera directa las finanzas de las jurisdicciones provinciales.
El reclamo pampeano se concretó en mayo de 2024. En ese momento el Gobierno nacional retenía cerca de 397 mil millones de pesos correspondientes a las provincias argentinas, profundizando —según se señaló desde la Provincia— el ahogo financiero de los estados federales.
En ese sentido, el Gobierno provincial remarcó que la administración nacional sólo había transferido aproximadamente 10.300 millones de pesos a unas pocas jurisdicciones, una cifra considerada mínima en relación con el total de recursos acumulados y no distribuidos.
La demanda también destacó que esta situación no registra antecedentes recientes. La última distribución masiva de fondos ATN ocurrió en noviembre de 2023, cuando el anterior Gobierno nacional dispuso el envío de 131 mil millones de pesos al conjunto de las 24 jurisdicciones federales.
Deterioro el federalismo fiscal
La acción presentada por La Pampa ante el máximo tribunal nacional cuestiona además el deterioro progresivo del federalismo fiscal y advierte sobre una creciente concentración de recursos en manos del Estado nacional, en detrimento de las provincias.
En ese marco, el escrito sostiene que la actual dinámica de distribución contradice los principios establecidos por la reforma constitucional de 1994, que incorporó al artículo 75 inciso 2 el criterio de una distribución equitativa, solidaria y automática de los recursos coparticipables, priorizando un grado equivalente de desarrollo, calidad de vida e igualdad de oportunidades en todo el país.
“Sin parámetros objetivos de reparto”
Asimismo, la Provincia argumentó que la asignación de los ATN quedó sujeta a “la discrecionalidad absoluta del Poder Ejecutivo Nacional”, sin parámetros objetivos de reparto, lo que —afirma— vulnera los principios constitucionales que regulan la relación fiscal entre Nación y provincias.
El Gobierno pampeano también advirtió que la falta de distribución automática de estos recursos genera un perjuicio directo sobre las administraciones provinciales y limita la capacidad de respuesta de los estados provinciales frente a demandas sociales, económicas y de infraestructura.
Con la resolución conocida ahora, la Corte Suprema dio un primer paso concreto en el tratamiento del planteo formulado por La Pampa y abrió formalmente el proceso judicial que busca establecer si el Estado nacional incumplió con las obligaciones constitucionales y legales vinculadas a la distribución de los fondos correspondientes al Fondo de Aportes del Tesoro Nacional.
