Con 26 votos a favor, la Cámara de Diputados aprobó dos leyes que definen el futuro del principal yacimiento petrolero pampeano: una transición bajo control estatal y un llamado a licitación con regalías del 15% y un bono mínimo de 20 millones de dólares. Solo Comunidad Organizada votó en contra.
Después de meses de negociaciones, fracasos licitatorios y una sesión que se extendió hasta la madrugada del jueves, la Legislatura pampeana encontró la salida para El Medanito. El resultado fue un acuerdo amplio entre el Frejupa, la UCR y el Pro-Mid —con las excepciones de las diputadas Noelia Viara y Celeste Rivas— que terminó por resolver uno de los expedientes más complejos de los últimos años: qué hacer con el yacimiento que aporta el 34% del petróleo provincial y representa cerca del 10% de los ingresos fiscales de La Pampa.
Se aprobaron dos leyes en paralelo. La primera establece que Pampetrol asumirá la operación transitoria del área desde el 19 de junio —cuando vence la concesión de Petroquímica Comodoro Rivadavia, operadora desde 1992— por un plazo máximo de 8 meses, recortado respecto de los 24 que proponía el proyecto original del Ejecutivo. La empresa estatal, sin capacidad técnica propia para operar el yacimiento de manera autónoma, quedará habilitada para contratar terceros bajo criterios de transparencia y con prioridad para mano de obra y pymes locales. La segunda ley fija el llamado a licitación dentro de los 60 días, con regalías en torno al 15% y un bono de ingreso de al menos 20 millones de dólares —muy por debajo de los 50 millones que exigía el pliego que quedó desierto en febrero.
El diputado Daniel Lovera (Frejupa), miembro informante, advirtió que dejar el yacimiento sin operador no sería una pausa sino el comienzo de un deterioro irreversible: pérdida de presión en los reservorios, degradación de instalaciones y pasivos ambientales cuya reparación podría costar más que cualquier decisión legislativa. «El riesgo mayor está en lo social», subrayó, recordando que el área sostiene entre 300 y 400 puestos de trabajo directos e indirectos en 25 de Mayo. Desde la UCR, Hipólito Altolaguirre reconoció que el oficialismo no supo construir consensos en tiempo y forma, pero admitió que ante la fecha límite del 19 de junio «no queda otra que acompañar». Enrique Juan, por el Pro-Mid, fue más directo: su bloque no compartía lo hecho por el Gobierno, pero tampoco estaba dispuesto a «ponerle la lápida al mayor bien de ingreso de la provincia».
Los únicos votos negativos vinieron de Comunidad Organizada, que disparó críticas al proceso completo. Fuera del recinto, el intendente de 25 de Mayo, Leonel Monsalve, celebró el resultado como una victoria de su comunidad: dos años de presión habían logrado que se impusiera el 15% de regalías frente al 20% que sectores del peronismo defendían, y que la licitación fuera una obligación legal y no una promesa. «Si no hubiéramos peleado», escribió, «habría existido una intervención de dos años sin licitación.»
