El Gobierno nacional resolvió eliminar el sistema mediante el cual el Estado compensaba económicamente a las empresas de transporte interurbano por los pasajes gratuitos que, por mandato legal, deben otorgar a personas con discapacidad, pacientes trasplantados en lista de espera y menores con cáncer. La medida fue formalizada a través de la Resolución 28/2026 de la Secretaría de Transporte, publicada en el Boletín Oficial, y transfiere ese costo a los operadores privados.
La cartera de Transporte fundamentó la decisión en el nuevo marco regulatorio instaurado por el Decreto 883/2024, que desreguló el transporte interjurisdiccional y habilitó la libertad tarifaria para las empresas del sector. Según el Ejecutivo, el esquema de compensaciones surgió en un contexto de «emergencia» que ya no existe, y que imponía una «fuerte intervención estatal» que limitaba la capacidad de los operadores para fijar sus propios precios.
Bajo esa lógica, el Gobierno de Javier Milei sostiene que, al poder determinar libremente tarifas, recorridos y horarios, las empresas están en condiciones de absorber dentro de su estructura de costos las obligaciones legales que les corresponden, sin necesidad de subsidio estatal.
La resolución es explícita en un punto: la gratuidad no desaparece. Las leyes 22.431 (discapacidad), 26.928 (trasplantados) y 27.674 (oncología infantil) continúan plenamente vigentes y son exigibles ante los transportistas. El texto oficial precisa que el impacto de la medida «se circunscribe exclusivamente a la relación financiera entre el Estado y los operadores privados».
Para fiscalizar que las empresas cumplan con la entrega de los pasajes pese a no recibir compensación, la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT) quedó a cargo de los mecanismos de control. La resolución también contempla una cláusula de transición para resguardar las compensaciones ya devengadas antes de su entrada en vigencia.
Las familias afectadas ya venían advirtiendo el problema
Las organizaciones que nuclean a personas con discapacidad y sus familias señalaron que las dificultades para acceder a los pasajes no son nuevas. La actriz Valentina Bassi, referente en la defensa de estos derechos, fue contundente: «Las empresas ya venían restringiendo el acceso a los pasajes gratuitos porque el gobierno no las controlaba. Ahora el Estado se retira completamente. El derecho sigue vigente y las empresas están obligadas a garantizarlo, pero sin control y sin subsidio».
Ana Dones, de la Red por los Derechos de las Personas con Discapacidad (REDI), cuestionó el fondo de la medida: «Los pasajes los debe garantizar el Estado y los debe pagar el Estado. Así está estipulado en las leyes vigentes que garantizan el derecho, en ninguna de las cuales se menciona a los privados».
Las empresas anticipan conflicto judicial
Desde el sector empresarial adelantaron que seguirán entregando los pasajes, pero que llevarán la disputa a los tribunales. Daniel Russo, presidente de Celadi, aclaró en un comunicado que no cuestionan el derecho al transporte gratuito, sino la contradicción que implica desregular un sector eliminando su carácter de servicio público y al mismo tiempo exigir que las empresas asuman indefinidamente, sin ninguna compensación, las cargas propias de ese régimen.
El Foro Permanente por los Derechos de las Personas con Discapacidad también alzó la voz: «Manifestamos nuestra preocupación ante una nueva medida que, en un contexto de ajuste y desfinanciamiento del sector, puede traducirse en mayores obstáculos para el acceso efectivo al derecho al transporte».
