La oposición pidió eliminar una herramienta que multiplicó por nueve las compensaciones tributarias. Los números no acompañan el relato.
El sistema C.A.B.I. —Control Automático de Bases Imponibles— se convirtió esta semana en el centro de una polémica que dice más sobre la dinámica opositora en La Pampa que sobre la administración tributaria provincial. La Fundación Pensar La Pampa y el PRO calificaron el mecanismo como «un nuevo robo a los pampeanos» y reclamaron su eliminación urgente, denunciando que genera «abuso de poder» sobre comerciantes, productores y pymes. Una acusación de alto voltaje que, a la luz de los hechos, no resiste demasiado análisis.
La Dirección General de Rentas implementó el CABI para cruzar datos de declaraciones juradas con información de terceros y padrones provinciales, con el objetivo de detectar inconsistencias y agilizar trámites de compensación. No se trata de una novedad improvisada: la Resolución General Nº 20/2025 fue publicada el 26 de diciembre de 2025 y la herramienta lleva más de dos años funcionando en distintas etapas, con presentaciones ante la Cámara de Diputados provincial.
Lo que dice la oposición y lo que dicen los números
La Fundación Pensar sostuvo que el mecanismo utiliza «presunciones automáticas y coeficientes arbitrarios» que afectan a amplios sectores productivos. Pero hay un dato concreto que desmonta buena parte del argumento: antes de la implementación definitiva del sistema, la DGR procesaba entre seis y diez compensaciones tributarias por mes. Hoy supera las 85 mensuales, con más de 600 trámites automatizados y más de 1.000 compensaciones concretadas. No es un número menor para quienes alguna vez esperaron meses para regularizar un saldo a favor.
Más de 2.100 contribuyentes corrigieron su situación fiscal gracias al sistema y otros 4.800 validaron correctamente sus bases imponibles. Lejos de ser una trampa, el CABI resultó ser una ventana para que muchos pudieran ordenar su situación antes de enfrentar una inspección tradicional.
El argumento de las guías y las Cartas de Porte
Uno de los cuestionamientos más difundidos fue que el sistema estaría generando trabas para la emisión de guías y Cartas de Porte, documentación crítica para el sector agropecuario. El gobierno provincial fue categórico al respecto: el CABI no interviene en ese proceso. Las Cartas de Porte se gestionan a través de sistemas informáticos nacionales administrados por ARCA, sin participación alguna del Gobierno Provincial. Atribuirle esa responsabilidad al sistema provincial es, en el mejor de los casos, un error; en el peor, una operación de confusión deliberada.
¿Qué pide el PRO en concreto?
La oposición reclamó eliminar el sistema y abrir una mesa técnica e institucional amplia con participación de entidades profesionales y sectores productivos, bajo el argumento de que «defender al contribuyente también es defender el trabajo, la inversión y el desarrollo de La Pampa.»
Es un pedido que suena razonable en abstracto, pero que omite un detalle: la herramienta ya tiene canales de corrección y diálogo incorporados. El sistema no aplica sanciones automáticas ni constituye una determinación de oficio. Detecta diferencias, las pone en evidencia y le da al contribuyente la posibilidad de explicarlas o corregirlas. Eso no es presión fiscal; es auditoría moderna.
La modernización no es el problema
Existe un consenso transversal —que excede a La Pampa— sobre la necesidad de digitalizar la administración tributaria para reducir la discrecionalidad, agilizar procesos y achicar la brecha entre quienes declaran y quienes efectivamente operan. Que un espacio político que reivindica la modernización del Estado pida eliminar una herramienta que automatiza controles antes manuales genera, como mínimo, una contradicción difícil de sostener.
El CABI permite verificar la consistencia de las bases imponibles declaradas sin intervención manual del organismo. Eso significa menos arbitrariedad, no más. Significa que el inspector humano con criterio propio —y eventual margen para la discrecionalidad— es reemplazado por un algoritmo que aplica las mismas reglas para todos.
La medida, además, alcanzó a menos del 1% de los contribuyentes activos. El drama que describe la oposición no se condice con ese universo acotado.
Cuestionar el CABI puede tener sentido si se identifican fallas técnicas concretas, si los coeficientes aplicados están mal calibrados o si el sistema produce falsos positivos en forma sistemática. Eso sería una crítica legítima y procesable. Pero pedir su eliminación porque «genera burocracia» —cuando los datos muestran exactamente lo contrario— es otra cosa. Es política, no fiscalidad.
