Boca se movió este viernes en la Justicia y apeló la medida cautelar de primera instancia que suspendió las elecciones que se iban a realizar este fin de semana en La Bombonera.
Lo hizo el apoderado de la Asociación Civil Club Atlético Boca, con el patrocinio del abogado Walter Krieger -estuvo junto a Juan Román Riquelme en la conferencia de prensa del martes-, para que tome intervención la Cámara Nacional en lo Civil.
En la presentación, cuestionaron que la jueza civil número 11 validara las supuestas irregularidades denunciadas por Andrés Ibarra, candidato a presidente por la oposición comandada por Mauricio Macri, con la declaración testimonial de tres personas que no figuran en el expediente.
La apelación se da un día después de la audiencia de conciliación llevada a cabo el jueves, donde los apoderados legales del oficialismo no dieron el brazo a torcer ante el apriete judicial de la oposición. «Román, corré los 13 mil y votamos el domingo», le había disparado sin tapujos Macri a Riquelme el martes, sobre el número de socios que su lista quiere impugnar.
Ahora tomará intervención la Cámara Nacional en lo Civil que no tiene plazo establecido para resolver, aunque al tratarse de una medida cautelar es de urgente resolución, y la cuestión es si lo hará antes o después de fin de año. Si rechaza la cautlear de la jueza Alejandra Abrevaya, la mesa quedará servida para votar el domingo 17. De lo contrario, las elecciones pasarán al año que viene.
Los abogados de Boca se quejaron este viernes de que la magistrada no valoró antecedentes sobre planteos similares por la incorporación se socios que ya resolvió la Inspección General de Justicia y la Cámara Civil.
Además, señalaron que ninguna institución ni organización del club ha denunciado ninguna violación del Estatuto por una conducta similar que sostuvo en 2016 la anterior gestión en Boca, en clara alusión a Daniel Angelici, otro dirigente apadrinado por Macri.
«Ninguna mención hace la jueza a quo a los derechos de los socios activos que el Señor Ibarra pretende impugnar», dispararon en la presentación.
Los abogados afirmaron que la decisión de la jueza fue «un atropello» y denunciaron que fundó las supuestas irregularidades en declaraciones de testigos, en concreto tres, que nunca fueron incorporadas al expediente.
Junto con la apelación, la recusación de la jueza, y la nulidad de la medida, los letrados también reclamaron que se ponga en conocimiento de lo resuelto por ella ante el Consejo de la Magistratura, el organismo encargado de promover y remover a los magistrados ante presunto mal desempeño.
