El Juzgado Federal de Santa Rosa, a cargo de Juan José Baric, desaprobó el balance 2024 de La Libertad Avanza La Pampa y dispuso la apertura de una causa penal contra quienes conducían el partido en ese período: Luciano Ortiz, Nicolás Boschi y Juan Pablo Patterer. La causa no alcanza a la conducción actual, que preside Adrián Ravier, vocero presidencial y titular de LLA en la provincia.
Qué encontraron los auditores
Todo se originó en la presentación tardía de los estados contables 2024 ante la Secretaría Electoral. Al revisarlos, el Cuerpo de Auditores Contadores de la Cámara Nacional Electoral detectó una serie de irregularidades: errores en el Libro Diario, aportantes no declarados en la plataforma oficial, egresos mal registrados y manejo de fondos por fuera del circuito bancario.
Uno de los señalamientos más duros del fallo apunta a la reincidencia: el partido ya había sido advertido en el ejercicio anterior sobre la necesidad de aplicar ajustes por inflación en sus registros contables. Pese a reconocer que el ajuste era correcto, la conducción pidió que se dispensara la omisión alegando «poca significatividad» y prometió corregirlo en adelante. Para Baric, al tratarse de una falta ya advertida, no correspondía ninguna dispensa.
Aportes sin respaldo por más de 546 mil pesos
El fallo señala que el partido no logró documentar el origen de aportes declarados por $546.080, todos recibidos en efectivo, lo que impidió verificar quién los realizó. A esto se suma que LLA La Pampa obtuvo su personería jurídica en mayo de 2023 pero recién registró una cuenta bancaria única en mayo de 2025: durante todo 2024, el período bajo análisis, funcionó sin cuenta activa. El tribunal calificó esa situación como un incumplimiento grave. Tampoco se cargaron en la plataforma de la Cámara Electoral las declaraciones juradas de los aportantes, requisito para poder utilizar esos fondos.
Sanción económica y una causa penal en paralelo
Como consecuencia, Baric resolvió privar al partido de recibir contribuciones, subsidios y cualquier recurso de financiamiento público por el término de un año, lo que deja a LLA La Pampa sin aporte estatal para su funcionamiento institucional.
Además, en el tercer punto de la resolución, el juez ordenó formar una causa separada para que el Ministerio Público Fiscal analice la conducta de los responsables partidarios de ese período, lo que podría derivar en imputaciones penales contra quienes gestionaron esos fondos sin los controles exigidos. El fallo remarca que el patrimonio de un partido político tiene carácter público y que su fiscalización debe ser estricta.
