Sanatorios, clínicas y hospitales privados de Mendoza, Córdoba, San Juan y el conurbano bonaerense suspendieron durante 48 horas la atención a los afiliados de PAMI. La medida, impulsada por la Cámara Argentina de Prestadores de la Seguridad Social (Capress), dejó sin consultas programadas, prácticas y cirugías no urgentes a los jubilados que dependen de la obra social. Las guardias siguieron funcionando, pero limitadas a emergencias y códigos rojos.
El reclamo de los prestadores tiene dos ejes: la actualización de los aranceles que cobran por sus servicios y el pago de la deuda que mantiene el organismo nacional. Según Capress, el atraso arancelario acumulado respecto de la inflación llega al 131,9%, y a eso se suma la mora en los pagos.
Los números que sostienen el reclamo son elocuentes: entre diciembre de 2023 y julio de 2026 la inflación oficial trepó 241%, mientras que lo que PAMI les paga a los prestadores por sus 5,4 millones de afiliados subió apenas 111%. Esa brecha es la que las instituciones describen como una situación de «extrema fragilidad» financiera, y la que explica por qué eligieron parar la atención en lugar de seguir sosteniendo el servicio a pérdida.
