La Coalición Cívica ARI, que a nivel nacional protege a la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, de rendir cuentas ante el Congreso.
En La Pampa presenta un relevamiento de las organizaciones sociales, a las que acusa por presunciones.
En un informe titulado “No usar a los pobres: el manejo de las organizaciones sociales del Programa Potenciar Trabajo y las políticas alimentarias en La Pampa”, la Coalición Cívica ARI local presentó la investigación que llevó adelante con información del Ministerio de Capital Humano de la Nación sobre la cantidad de planes sociales en la provincia, las organizaciones que los administraron, el detalle de envío y manejo de alimentos por parte del Gobierno Nacional y los comedores vinculados a las organizaciones sociales que los manejaron.
Ante las actuales denuncias contra la cartera de Capital Humano, y la “mejor ministra de la historia”, como Milei definió a Pettovello, los “Lilitos” junto a la UCR rechazaron la interpelación a la ministra.
Planes.
“Mientras se acumulan las denuncias a nivel nacional por corrupción en el manejo de los planes, alimentos y comedores, la CC-ARI identificó que a Enero de 2024 había en la Provincia un total de 2888 beneficiarios planes Potenciar, de los cuales 2413 eran asociados a organizaciones sociales”, señalaron en su informe.
Y agregaron que “entre estas se destacan el Movimiento Evita con 558, cuyo referente es el ex diputado Leonardo Avendaño; el MTE – CTEP de Juan Grabois con 422 beneficiarios, dirigida por los funcionarios municipales Manuel Lazarte, Federico Ignaszewski y Mariano Alfageme; la Corriente Clasista y Combativa con 409 personas, dirigida por Walter Brandimarte; y Barrios de Pie con 162. Todas estas organizaciones, aliadas y parte del Frejupa, concentraron y administraron más de la mitad de los planes sociales nacionales en nuestra provincia”.
“Otro dato relevante del informe es que el gobierno provincial también fue parte del esquema de planes sociales del Estado Nacional, teniendo a su cargo a 409 personas en distintas localidades como beneficiarias cuya certificación se realizaba mensualmente. Es una incógnita qué tareas contraprestaban, en qué proyectos, o si eran trabajadores públicos precarizados en municipios o dependencias provinciales”, dijeron.
Denuncian sus sospechas.
Por otro lado, expusieron un listado de comedores y merenderos vinculados a las mismas organizaciones sociales, indicando que durante 2023 recibieron del gobierno nacional más de 140.000 kilos de alimentos, “cuya distribución intermediada incrementa las sospechas sobre el financiamiento que recibieron y el clientelismo que pueden haber llevado adelante”, señalaron.
Julián Angelucci, presidente del ARI en La Pampa, alertó al gobierno provincial en la presentación del informe y sostuvo que “hace meses, y sobre todo en las últimas semanas, el Frejupa está insistiendo en promover un ‘aporte solidario extraordinario’ para la creación del Fondo Alimentario Extraordinario Provincial. Nadie pone en duda que frente a la crisis económica actual es urgente y necesario el acompañamiento del Estado a los más vulnerados, no puede haber abandono ni tampoco abuso”.
“La experiencia de los últimos años que expusimos en este informe es prueba suficiente para exigir que haya políticas sociales y de asistencia alimentaria que cumplan con criterios que aseguren la transparencia, impidan la discrecionalidad y fundamentalmente eviten el uso político de los más pobres. Todos estos aspectos están ausentes en el proyecto de ley impulsado por el oficialismo”, cerró.
Doble vara.
Al comienzo de la sesión del martes pasado, se votó un pedido de apartamiento de reglamento en Diputados, a instancias del Frente de Izquierda para tratar en el recinto un pedido de interpelación a la ministra Pettovello, a raíz del escándalo por la no distribución de toneladas de alimentos, pero la moción no alcanzó las voluntades suficientes y sólo recibió el apoyo de Unión por la Patria y un puñado de legisladores de la llamada «oposición dialoguista». Los seis del espacio que lidera Elisa Carrió, se abstuvieron por cuidar a la funcionaria de Milei, de rendir cuentas en el recinto.
