Sobre el cierre del primer semestre académico, las universidades volverán a tener un paro de actividades en reclamo por la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario, que continúa sin ser implementada por el Gobierno nacional mientras se espera una definición judicial. La normativa contempla recursos para salarios docentes y no docentes, becas estudiantiles, inversión en infraestructura y gastos de funcionamiento.
Los gremios docentes anunciaron una nueva medida de fuerza para exigir el cumplimiento de la ley. La decisión fue confirmada por la Confederación Nacional de Docentes Universitarios (CONADU), entidad que nuclea a los sindicatos de las distintas universidades nacionales. El paro se extenderá entre el 16 y el 20 de junio y estará acompañado por diversas acciones de visibilización en distintos puntos del país.
El reclamo gira en torno a la ejecución de una norma considerada fundamental para garantizar el funcionamiento del sistema universitario argentino. Según sostienen los sectores involucrados, la falta de aplicación de la ley profundiza la crisis presupuestaria que atraviesan las universidades nacionales y compromete el desarrollo de sus actividades académicas, científicas y de extensión.
Vale recordar que el gobierno de Javier Milei lleva 230 días sin cumplir con la Ley de Financiamiento Universitario, aprobada por el Congreso Nacional. La situación mantiene en incertidumbre a docentes, trabajadores no docentes y estudiantes, mientras el sistema universitario enfrenta crecientes dificultades para sostener su funcionamiento cotidiano.
Distintos informes también advierten que la inversión destinada a las universidades nacionales se encuentra en uno de los niveles más bajos desde el retorno de la democracia en 1983, profundizando un escenario de ajuste que impacta directamente sobre la educación superior pública, la investigación científica y el acceso de miles de estudiantes a la universidad.
La frase que el Gobierno utilizó apenas asumió la gestión —“dentro de la ley todo, fuera de la ley nada”— hoy parece haber sido desvirtuada, como tantas otras consignas que marcaron la campaña electoral. Lo que se presentó como un principio rector de gobierno aparece cada vez más como una contradicción entre el discurso y los hechos. Para muchos, aquella promesa terminó convirtiéndose en una consigna vacía, una verdadera farsa.
