Representantes de quince provincias argentinas, entre las que se encuentra La Pampa, se unieron para manifestar una firme postura de rechazo al proyecto de reforma de la Ley de Salud Mental promovido por el Gobierno nacional.
La iniciativa del Poder Ejecutivo, encabezado por Javier Milei, busca eliminar la obligatoriedad de inversión del Estado en esta área, una medida que ha generado el repudio de las autoridades sanitarias provinciales.
El subsecretario de Salud Mental y Adicciones del Gobierno de La Pampa, Martín Malgá, es uno de los firmantes del documento emitido por las autoridades de Salud Mental y Consumos Problemáticos y los Órganos de Revisión de las provincias. En el texto, reafirmaron su “vocación de trabajo conjunto y federal para hacer frente a la grave crisis de salud mental que enfrentan nuestras comunidades”.
El comunicado expresa su defensa del marco normativo vigente. “Ratificamos nuestra vocación de seguir trabajando en el marco de la Ley Nacional de Salud Mental 26.657 y su proceso de implementación. Estamos convencidos que dicho marco resulta adecuado, ajustado a las normas y modelos que han alcanzado consenso y evidencia por su eficacia a nivel internacional (OMS, OPS y diferentes tratados)”, señalaron.
Además, el documento argumenta que la ley actual permite a cada jurisdicción desarrollar políticas acordes a sus realidades locales, tanto en atención ambulatoria como en urgencias e internaciones. “Considerando el momento actual que estamos atravesando, marcado por un aumento sostenido de las demandas en los distintos niveles de atención y resolución, la creciente complejidad de las mismas por factores sociales, así como las enormes exigencias y tensiones que atraviesan los sistemas públicos (…) Que es el subsector público el que ofrece la mayor parte de la respuesta a esta situación crítica y que la Ley Nacional de Salud Mental no representa ninguna dificultad para dar plena respuesta, sino que los desafíos se encuentran en la necesidad creciente del aumento de las inversiones y mejoras en los estándares de calidad en los procesos de atención”, detalla el escrito.
En otra sección del comunicado, las provincias firmantes enfatizaron la importancia de garantizar la continuidad en la formación de profesionales como estrategia para mejorar el sistema. “Por ello, observamos que ante las necesidades de nuestras poblaciones la mejor estrategia para dar respuesta es continuar transformando el modelo de atención en salud mental, lo que implica garantizar la continuidad de la formación específica de recursos humanos, insumo indispensable y prioritario para la atención y continuidad de cuidados en SM”, manifestaron.
Finalmente, el texto subraya la necesidad de inversión en recursos humanos, infraestructura y medicamentos, y recalca que “el aporte del Estado nacional resulta fundamental”. Las provincias insistieron en la urgencia de “reanudar el funcionamiento del COFESAMA como ámbito privilegiado para el desarrollo de esos objetivos” y exigieron ser “parte vinculante de cualquier discusión en torno a las normas y políticas sobre salud mental en un país federal”.
