El reclamo de las agrupaciones estudiantiles se da después de que la Justicia inhabilitó el derecho del Gobierno que limitaba la normativa. El próximo 15 de octubre se realizará la quinta Marcha Federal Universitaria. El ministerio de Capital Humano denunciará a los estudiantes por la “toma violenta”
Después del fallo judicial que obligó al Gobierno a cumplir con la Ley de Financiamiento Universitario, un gran grupo de estudiantes decidió ingresar al Palacio Pizzurno en la tarde de este miércoles y realizar una sentada en el hall para que se aplique la normativa.
En un video que circuló rápidamente en redes sociales, se observa que decenas de jóvenes irrumpieron en el edificio e ingresaron al interior del edificio ubicado en Pizzurno 935, donde funciona la Secretaría de Educación de la Nación, a pesar de la resistencia de los agentes de la Policía Federal que se encontraban en la puerta.
“Vamos a hacer una sentada pacífica”, fue una de las frases que se escuchó desde el inicio. De la medida de fuerza participaron principalmente estudiantes de la Universidad de Buenos Aires (UBA), como también de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP), la Universidad Nacional de Quilmes (UNQ) y la Universidad Nacional de San Martín (Unsam).
Además del cumplimiento de la ley, reclamaron un aumento de la Beca Progresar y convocaron a la comunidad a concentrarse frente al Palacio para acompañar la medida. Según señalaron, no abandonarían el lugar hasta ser recibidos por el secretario de Educación, Carlos Torrendel.
Sin embargo, la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, informó a través de un video que fuerzas de seguridad llevaron a cabo un desalojo a las pocas horas de que ingresaron al edificio. Según remarcaron fuentes oficiales, no habría detenidos.
Tras los incidentes, el Ministerio de Capital Humano emitió un comunicado en el que calificó lo ocurrido como una “toma violenta” del Palacio Sarmiento y denunció “daños al patrimonio público”.
Según el texto oficial, la evacuación del edificio se concretó gracias al trabajo conjunto con el Ministerio de Seguridad Nacional, a cargo de la ministra Alejandra Monteoliva, y la Policía Federal Argentina, cuya intervención permitió “recuperar las instalaciones”.
La cartera que conduce Sandra Pettovello adelantó que realizará la denuncia judicial correspondiente “a fin de que se investigue lo sucedido, se evalúen los daños ocasionados y se determinen las responsabilidades pertinentes”.
En el comunicado, el Ministerio remarcó que “el diálogo y el respeto por las instituciones son los mecanismos para canalizar cualquier reclamo” y advirtió que no busca “volver a una Argentina donde la violencia, la intimidación, la destrucción del patrimonio público y la ocupación de edificios públicos sean utilizadas como métodos de protesta”.
Por último, sostuvo que “el derecho a manifestarse debe ejercerse siempre dentro del marco de la ley y con respeto por las instituciones democráticas”.
El reclamo de los estuidantes
Isabel González Puente, estudiante de Ciencias de la Educación y consejera directiva de la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA, relató que la iniciativa arrancó con una sentada frente al Palacio y derivó en el ingreso “en busca de respuestas”.
“Ya estamos hace más de un año con una Ley de Financiamiento Universitario aprobada. No podemos seguir esperando a que el Gobierno cumpla algo que ya la sociedad argentina le dijo que tiene que cumplir”, sostuvo González Puente, quien también convocó a vecinos de la Ciudad de Buenos Aires, del AMBA y de la provincia a acercarse al lugar. “Porque lo único que venimos a hacer es a defender el derecho de todos los argentinos a poder estudiar, a poder elegir una carrera universitaria, a poder salir con un título que dé cuenta de todo ese esfuerzo”, agregó.
La acción se produjo un día después de que el juez federal Martín Cormick, titular del Juzgado Contencioso Administrativo Federal N° 11, declarara inconstitucional la cláusula del decreto 759/2025 mediante la cual el Poder Ejecutivo había condicionado la aplicación de la ley. El magistrado ordenó al Gobierno dictar todas las medidas reglamentarias necesarias para poner en marcha la normativa de manera inmediata
