Se reunió la Comisión de Asuntos Constitucionales y Justicia, presidida por Hernán Pérez Araujo, para tratar el proyecto de ley que busca implementar el juicio por jurados en la provincia.
Se reunió la Comisión de Asuntos Constitucionales y Justicia, presidida por Hernán Pérez Araujo, para tratar el proyecto de ley que busca implementar el juicio por jurados en la provincia. Participaron del encuentro la presidenta del Colegio de Abogados, Susana Germignani, junto a los letrados Vanesa Ranocchia, Marcos Paz y Juan de la Vega.
Durante su intervención, Paz expuso el análisis específico del proyecto de ley en tratamiento y los ajustes que, desde el Colegio, consideran necesarios.
En primer lugar, fue categórico al afirmar: “No existe la opción de juicio por jurados no. La única opción es juicio por jurados sí”. En ese sentido, subrayó que la figura no es una novedad, sino un mandato constitucional postergado desde 1853, vinculado directamente con la calidad democrática e institucional.
Paz recordó que actualmente 14 provincias argentinas ya cuentan con este mecanismo, entre ellas Buenos Aires, Córdoba, Mendoza, Río Negro y Neuquén, y advirtió que La Pampa corre el riesgo de quedar rezagada: “No podemos permitir que sea la Nación la que imponga una normativa que corresponde a las provincias”.
Respecto al modelo, destacó la importancia de avanzar hacia el sistema anglosajón, que otorga la decisión final al jurado ciudadano. “El proyecto que se está debatiendo en la Cámara se enmarca en esta línea, y eso merece un reconocimiento”, sostuvo.
A su vez, llamó a los legisladores a dejar de lado diferencias partidarias o personales para priorizar el interés institucional: “Esta no es una discusión de mezquindades políticas, sino de calidad democrática. Es una decisión histórica que debe colocar a La Pampa a la altura de las provincias que ya avanzaron”.
Por su parte, Ranocchia indicó que “hace casi 200 años que la Constitución ordena que los delitos penales sean juzgados por jurados. No es una opción, es una obligación que aún no hemos cumplido”. Remarcó además que la figura fue adoptada en 14 provincias argentinas, bajo gobiernos de distintos signos políticos, lo que demuestra que el sistema está despojado de banderas partidarias.
En cuanto a la implementación, destacó la importancia de avanzar de manera “gradual” y con “criterio objetivo”. Respaldó que el proyecto contemple el juzgamiento por jurados en delitos cuya pena en abstracto supere los 15 años, pero cuestionó que quede en manos de la fiscalía definir cuándo corresponde. “La competencia no debe quedar sujeta a la estrategia de una de las partes. Eso debilita la igualdad de armas”, advirtió.
También propuso ajustes en los requisitos para integrar jurados: ampliar la edad de participación desde los 18 años y eliminar el límite máximo de 75, así como suprimir la exigencia de contar con oficio o profesión. Además, señaló que inhabilitar a personas en quiebra o con condenas culposas resulta excesivo. “El jurado debe estar compuesto por ciudadanos comunes, con sus luces y sombras, como cualquier integrante de la sociedad”, expresó.
Ranocchia concluyó que la discusión no solo responde a una deuda histórica con la Constitución, sino que implica democratizar el Poder Judicial, el único que hasta ahora no se rige por mecanismos de participación ciudadana directa. “Tenemos la oportunidad de hacer la mejor ley de jurados del país, aprendiendo de las experiencias de otras provincias y adaptándolas a nuestra realidad”, afirmó.
En la ronda de consultas, el legislador Matías Traba solicitó la opinión respecto de otorgar al imputado la opción de elegir ser juzgado por un jurado popular.
De la Verga consideró que esa posibilidad fortalecería el sistema: “Muchas veces los jueces no reflejan cómo piensa el pueblo, el sentir de la mayoría. Incorporar al jurado aporta esa mirada social. Y desde el punto de vista penal, el imputado estaría igualmente sometido a derecho, con todas las garantías del debido proceso”, señaló.
En otro orden, la diputada María Laura Trapaglia consultó sobre los mecanismos de protección para los integrantes del jurado, al señalar que en una provincia con pocos habitantes podría existir el riesgo de represalias por parte de los acusados.
Paz minimizó esa preocupación y respondió: “La mayoría de los jueces nunca han tenido inconvenientes de este tipo. Y si el jurado absuelve, no habrá represalias, porque estamos hablando de delitos cuya escala penal supera los 15 años”.
