Siete centros de salud privados de la provincia se sumaron a una medida regional que afecta también a Neuquén, Río Negro y Chubut. La atención quedó restringida a emergencias.
Desde este miércoles, los afiliados de PAMI que necesiten atención de guardia en clínicas y sanatorios privados de La Pampa se encontrarán con las puertas parcialmente cerradas. Los prestadores suspendieron ese servicio bajo cobertura de la obra social y solo garantizan la atención de emergencias.
La medida es colectiva: reúne a establecimientos de cuatro provincias patagónicas y del centro del país que vienen reclamando desde hace meses una actualización de los aranceles que PAMI paga por sus servicios. Según los propios centros de salud, la pérdida del valor real de esos aranceles alcanza el 75% en los últimos dos años y medio.
En un comunicado conjunto, los prestadores describieron un proceso de negociación sin resultados. La última reunión con el director ejecutivo del Instituto, Esteban Leguizamo, terminó con una oferta que los dejó lejos de cualquier acuerdo: un posible ajuste de menos del 4%, aplicable en los próximos meses, más actualizaciones menores en algunos estudios de imágenes. «No solo no resulta un principio de solución, sino que agudiza la tendencia a la degradación de los precios», señalaron.
Antes de tomar esta medida, los prestadores mantuvieron las prestaciones en condiciones normales como señal de buena voluntad mientras esperaban una respuesta. Agotada esa espera, decidieron retomar las restricciones.
La situación no se limita a las guardias. El comunicado también apunta a otras limitaciones que, según los firmantes, ya existían antes de este conflicto: cupos a prestaciones ambulatorias que dejan a afiliados sin atención durante la primera quincena de cada mes, y cirugías que en la práctica no pueden realizarse porque PAMI no provee los materiales necesarios —neurocirugías, cirugías urológicas y endoscópicas, entre otras— a un costo que los prestadores no pueden absorber con los aranceles vigentes.
En La Pampa, la medida alcanza al Sanatorio Santa Rosa, la Clínica Argentina, la Clínica Modelo, la Clínica Regional, Diagnóstico Integral Médico, la Clínica Santa Teresita y la Fundación Faerac. Los establecimientos, que según el comunicado concentran aproximadamente el 65% de la atención médica de la región y sostienen más de 10.000 puestos de trabajo directos, convocaron a los ministros de Salud de las cuatro provincias involucradas a una reunión urgente para analizar el impacto en los hospitales públicos, que previsiblemente absorberán la demanda desplazada.
