El fiscal federal Sebastián Basso solicitó el procesamiento de diez ciudadanos iraníes y libaneses vinculados al atentado contra la AMIA de 1994. Además, pidió la captura internacional de un alto dirigente del régimen iraní, señalado como uno de los responsables de la planificación del ataque.
El fiscal federal Sebastián Basso, titular de la Unidad Fiscal AMIA, requirió el procesamiento de diez ciudadanos iraníes y libaneses acusados de haber participado en la organización y ejecución del atentado contra la sede de la AMIA ocurrido el 18 de julio de 1994, que dejó 85 muertos y más de 140 heridos.
En un dictamen de más de 200 páginas presentado ante la Justicia, el fiscal también solicitó la captura internacional de Alí Asghar Hejazi, un influyente funcionario iraní al que considera parte central de la estructura que habría impulsado el ataque. Según la investigación, Hejazi habría tenido un rol clave dentro del denominado “Comité Vijeh”, organismo donde se habría analizado el objetivo y diseñado el plan para perpetrar el atentado.
De acuerdo con la acusación fiscal, una vez que el plan fue aprobado por las autoridades del Consejo Supremo de Seguridad Nacional de Irán, Hejazi habría sido el encargado de coordinar su implementación. El pedido incluye su indagatoria, la declaración en rebeldía y la emisión de una orden de captura internacional. La presentación quedó ahora a consideración del Juzgado Federal N.º 6, subrogado por el juez Daniel Rafecas.
Entre los acusados cuyo procesamiento fue solicitado figuran exfuncionarios iraníes de alto rango, como el exministro de Inteligencia Alí Fallahian, el excanciller Alí Akbar Velayati, el excomandante de la Guardia Revolucionaria Mohsen Rezai y Ahmad Vahidi, quien dirigía la fuerza Al Quds. Según la investigación, todos habrían participado en una reunión en 1993 donde se habría autorizado el atentado.
La nómina también incluye a exdiplomáticos iraníes que se desempeñaban en Buenos Aires durante esa época, entre ellos el entonces embajador Hadi Soleimanpour, el consejero cultural Mohsen Rabbani y el tercer secretario Ahmad Reza Asghari. Para los investigadores, estos funcionarios integraron una red de inteligencia que recopiló información sobre el objetivo y brindó apoyo logístico para la operación.
La acusación se completa con integrantes de la organización libanesa Hezbollah, señalada como responsable de ejecutar el ataque. Entre ellos aparece Salman Raouf Salman, a quien se atribuye la coordinación de las acciones en Argentina, junto a su hermano Abdallah Salman y a Hussein Mounir Mouzannar, un comerciante radicado en Paraguay que habría facilitado documentación falsa.
Según el dictamen fiscal, los imputados habrían actuado como autores o partícipes del atentado y se les atribuyen delitos como homicidio agravado por odio racial o religioso y por el uso de un medio capaz de generar peligro común, además de las lesiones provocadas a las víctimas y los daños materiales ocasionados por la explosión.
El avance del expediente se produce mientras continúa el debate judicial sobre la posibilidad de realizar un juicio en ausencia para los acusados, quienes permanecen prófugos y con pedidos de captura internacional vigentes desde hace años
