Defensoras y un fiscal visitaron tres escuelas secundarias de la capital pampeana para explicar a unos 150 estudiantes los cambios que trae la nueva ley que fijó en 14 años la edad de punibilidad.
Alrededor de 150 alumnos y alumnas de tres colegios secundarios de Santa Rosa participaron de una serie de charlas sobre la reforma del régimen penal juvenil, dictadas por funcionarios y magistrados del Poder Judicial. Las actividades forman parte del programa «Educación + Justicia», impulsado por el Superior Tribunal de Justicia (STJ).
En el Colegio Secundario Barrio Aeropuerto, la defensora penal Paula Arrigone habló ante 20 estudiantes de cuarto, quinto y sexto año. Explicó que la Ley nacional 27.801, vigente desde el 5 de septiembre, bajó de 16 a 14 años la edad mínima de responsabilidad penal. La Pampa ya ajustó su legislación a esa norma mediante cambios en la ley de Procedimiento Penal para Adolescentes, que se aplicaba en la provincia desde el 1 de agosto de 2023.
Arrigone advirtió que la reforma no solo modificó la edad: también amplió el tipo de delitos por los que un adolescente puede quedar alcanzado por el sistema penal juvenil. Hasta ahora quedaban excluidos los hechos con penas de hasta dos años de prisión, como lesiones leves, daño simple o hurto simple. Con la nueva ley, esas excepciones desaparecen.
Cuando la defensora mencionó que los adolescentes privados de libertad deben alojarse en lugares separados de los adultos, varios estudiantes aprovecharon para plantear quejas por el trato que reciben de la Policía en la calle. Arrigone respondió que las fuerzas de seguridad pueden identificar a las personas y detenerlas ante una orden judicial o la sospecha de un delito en flagrancia, pero aclaró que cualquier ciudadano puede denunciar un maltrato.
Alternativas a la cárcel
La defensora penal Silvina Blanco Gómez estuvo en el Colegio Secundario «Prof. Julio Colombato», donde conversó con algo más de 60 estudiantes de primero a sexto año del turno tarde. Sostuvo que la ley aprobada por el Congreso busca que los adolescentes se hagan cargo de sus actos, y remarcó que la prisión es el último recurso: antes existen otras herramientas para la resocialización.
Entre esas medidas mencionó el cumplimiento de reglas de conducta, como la asistencia obligatoria a la escuela, la reparación económica del daño, un pedido de disculpas o la prohibición de contacto o acercamiento con la víctima.
Mismo delito, distinta pena
Blanco Gómez volvió a exponer junto al fiscal Andrés Torino en el Colegio Secundario Tomás Mason, donde el eje fue la proporcionalidad de las penas. Torino lo ilustró con un caso concreto: un adolescente que adultera su DNI para entrar a un boliche y un adulto que falsifica un documento para estafar a un jubilado cometen técnicamente el mismo delito, pero la respuesta penal no puede ser equivalente.
Durante el encuentro, los expositores preguntaron a los estudiantes qué argumentos habían escuchado en redes sociales o en televisión a favor de bajar la edad de punibilidad. La respuesta más repetida fue que los menores cometen muchos delitos.
Entonces llegó la segunda consigna: de las cerca de 12.000 causas penales que se inician cada año en Santa Rosa, ¿cuántas tienen a adolescentes como protagonistas? Los cálculos de los chicos oscilaron entre 6.000 y 10.000. La cifra real, según informó el área de prensa del STJ, ronda entre 300 y 350 casos: menos del 3 % del total.
