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A pedir de LLA y los aliados: Diputados aprobó el Super RIGI, el pago a «buitres» y un nuevo salvavidas para Adorni

La Cámara baja dio media sanción al proyecto para incentivar inversiones y la autorización para desembolsar U$S 171 millones a acreedores externos. En coordinación con bloques afines a la Casa Rosada, rechazaron dos intentos de interpelar al jefe de Gabinete.

A pedido de La Libertad Avanza (LLA) y con ayuda de sus aliados, la Cámara de Diputados aprobó el proyecto denominado «Super RIGI» y la autorización del pago a dos fondos buitre por un total de U$S 171 millones. Además, volvieron a blindar a Manuel Adorni, rechazando dos pedidos para tratar la interpelación al jefe de Gabinete, quien le habría mentido al Congreso respecto a su incremento patrimonial.

La Cámara de Diputados dio media sanción al Super RIGI por 130 votos a favor, 106 en contra y 7 abstenciones. De esta manera, el texto pasará al Senado.

«El capital no tiene patria, competimos con otros mercados y va donde hay negocios y seguridad institucional, y no políticos como ustedes», lanzó el diputado nacional de LLA Bertie Benegas Lynch, titular de la Comisión de Hacienda y Presupuesto, en alusión a la bancada de Unión por la Patria.

Desde el peronismo, el diputado nacional Mario Manrique afirmó que el proyecto de Super RIGI «le está diciendo a la industria nacional que se joda y a los laburantes argentinos que se van a quedar sin trabajo». También advirtió que el texto enviado por la Casa Rosada «choca con la Constitución en diez artículos».

Por su parte, el diputado de la Coalición Cívica Maximiliano Ferraro sostuvo que «claramente es una ley con nombre y apellido, a partir del nombre propio de Peter Thiel, titular de la empresa de inteligencia artificial aplicada a defensa Palantir, pero también de otros que representan esta matriz política, ideológica y geopolítica».

El nuevo Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI) establece la prioridad para las «nuevas actividades económicas», a las que define como «todo proyecto industrial, tecnológico o de prestación de servicios vinculados a infraestructura tecnológica y digital estratégica, con impacto transformador en la estructura productiva nacional que, a la fecha de entrada en vigencia de la presente ley, no se desarrolle, produzca ni preste en el país, o cuyo grado de desarrollo resulte experimental o piloto, en los términos que establezca la reglamentación».

Fuente: Federico Pokorowski, El Destape.

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