El gobernador Sergio Ziliotto, junto con la Universidad Nacional de La Pampa y organizaciones ambientalistas, presentó ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación un pedido de medida cautelar para suspender la aplicación de la nueva Ley de Glaciares 27.804. El reclamo busca mantener vigente el régimen de protección establecido por la Ley 26.639 hasta que se resuelva la controversia judicial.
La presentación advierte sobre las posibles consecuencias de la reforma para los recursos hídricos pampeanos, particularmente para las cuencas de los ríos Colorado y Atuel, además del sistema Salado-Chadileuvú-Curacó.
El planteo fue impulsado por Ziliotto, la fiscal de Estado Romina Schmidt y representantes legales de la Provincia. También participaron el rector de la Universidad Nacional de La Pampa, Francisco Marull, autoridades de la Fundación Chadileuvú (Fuchad) y de la Asociación Civil Asamblea por los Ríos Pampeanos.
Según explicó el abogado constitucionalista Andrés Gil Domínguez, la solicitud apunta a que el máximo tribunal disponga una medida cautelar interina mientras analiza la cuestión de fondo. Como alternativa, se pidió suspender la normativa en aquellos aspectos vinculados con actividades que puedan perjudicar los glaciares, el ambiente periglacial y los sistemas hídricos compartidos que tienen incidencia sobre La Pampa.
La importancia de los recursos hídricos
Uno de los argumentos centrales del reclamo es la función que cumplen los glaciares y los ambientes periglaciales en el almacenamiento y la regulación de los recursos hídricos. Su deterioro, advierten los impulsores de la presentación, puede generar consecuencias que trasciendan las fronteras de las provincias donde se encuentran estas formaciones naturales.
El escrito incorpora antecedentes científicos y técnicos sobre la capacidad de la criosfera para almacenar, infiltrar y regular el agua en las cuencas superiores del río Colorado. También contempla su vulnerabilidad frente a las modificaciones en las precipitaciones níveas y los procesos de deshielo.
En ese sentido, se advierte que cualquier alteración de estos sistemas podría repercutir en la disponibilidad de agua, el desarrollo territorial y las actividades económicas y sociales de La Pampa.
Desde la Provincia y las organizaciones que acompañan el reclamo sostienen que una flexibilización de las restricciones legales podría habilitar decisiones administrativas con consecuencias sobre recursos hídricos compartidos entre distintas jurisdicciones.
Los cuestionamientos a la reforma
La presentación judicial también cuestiona los cambios introducidos por la nueva legislación en los criterios de protección de los glaciares y del ambiente periglacial.
Uno de los puntos señalados es que la reforma otorga mayor intervención a las evaluaciones técnico-científicas y a las autoridades de cada jurisdicción para determinar qué actividades pueden desarrollarse en esos territorios.
Los demandantes sostienen que el régimen anterior establecía prohibiciones expresas para determinadas prácticas potencialmente perjudiciales, mientras que la nueva normativa incorpora criterios relacionados con la existencia de alteraciones relevantes y su evaluación ambiental.
En ese marco, advierten que una evaluación de impacto ambiental no representa una garantía equivalente a una prohibición legal específica y que el cambio podría significar una reducción del nivel de protección que regía hasta ahora.
El planteo también se apoya en los principios de prevención, precaución y no regresión ambiental. Según los argumentos expuestos, cualquier disminución de los estándares de protección existentes debe someterse a un análisis constitucional riguroso.
Finalmente, la presentación remarca que, si bien las provincias tienen el dominio originario de sus recursos naturales, ese derecho debe contemplar las consecuencias que las decisiones adoptadas en un territorio pueden producir sobre otras jurisdicciones.
La solicitud de La Pampa busca que la Corte intervenga de manera preventiva para evitar posibles daños ambientales e hídricos mientras se determina la validez constitucional de la reforma.
