El cierre definitivo de la oficina del Correo Argentino en Miguel Cané se suma a una serie de sucursales que dejaron de funcionar en distintas localidades de La Pampa. El ajuste, la reducción de personal y el retiro del Estado impulsados por el Gobierno de Javier Milei podrían extenderse a otros servicios esenciales si no fuera por la presencia territorial y el modelo de gestión federal y equitativo que sostiene el Gobierno provincial.
La oficina del Correo Argentino de Miguel Cané cerró definitivamente este miércoles. La Municipalidad informó la noticia a través de sus redes sociales y lamentó la pérdida de un servicio esencial para la comunidad.
«Lamentamos la medida adoptada porque deja a nuestros habitantes sin este servicio», expresaron desde la comuna en un mensaje publicado en su cuenta oficial de Instagram.
El municipio explicó que el trabajador que se desempeñaba en la oficina desde hacía 30 años se acogió al retiro voluntario y que el Gobierno nacional decidió no designar un reemplazante, lo que derivó en el cierre definitivo de la sucursal.
Sin embargo, el caso de Miguel Cané no constituye un hecho aislado. Tal como publicó Diario Textual, forma parte del proceso de reducción de la estructura del Correo Argentino que el Gobierno nacional viene impulsando en distintos puntos del país y que, en La Pampa, ya provocó el cierre de numerosas oficinas durante los últimos dos años.
Entre las localidades afectadas se encuentran Santa Isabel, Bernardo Larroudé, Embajador Martini, Doblas, Rolón, Rancul, Arata y, más recientemente, Toay, cuyo cierre generó fuertes cuestionamientos de autoridades locales y del gremio postal. Ahora, Miguel Cané se suma a esa lista.
Desde el municipio advirtieron que la pérdida de la sucursal afecta especialmente a las personas mayores y a los habitantes de las zonas rurales, quienes dependen de la atención presencial para realizar numerosos trámites y acceder a servicios básicos.
En ese sentido, el intendente de Uriburu, actualmente de licencia, cuestionó con dureza la política del Gobierno nacional: «Están cerrando todas las sucursales del Correo Argentino en las distintas localidades de La Pampa. Los empleados quedaron de un día para el otro sin sustento para sus familias después de años de trabajo. A este gobierno no le importan los pueblos del interior, no le importa dejar gente sin empleo ni a la población sin comunicación. Estamos ante un Estado que no hace otra cosa que destruir y complicarle la vida a la gente».
Un modelo que va más allá del Correo
El cierre de oficinas del Correo Argentino no es un hecho aislado. Es la expresión de un modelo que combina ajuste, desregulación y retiro del Estado de aquellos lugares donde el mercado no encuentra rentabilidad. Lo que hoy ocurre con el servicio postal podría replicarse mañana en otras áreas esenciales si esa misma lógica continúa avanzando.
En La Pampa sucede lo contrario. Desde hace décadas, el Estado provincial sostiene una política de fuerte presencia territorial para garantizar que los servicios públicos lleguen a cada localidad, sin importar su tamaño o cantidad de habitantes. La salud, la educación, el Banco de La Pampa y otros organismos provinciales son ejemplos concretos de una concepción federal que prioriza el acceso a derechos por encima de la rentabilidad.
En definitiva, la discusión trasciende el cierre de una sucursal. Se enfrentan dos modelos de gestión: uno que entiende al Estado como garante de la igualdad de oportunidades y otro que deja que sea el mercado quien decida dónde vale la pena sostener un servicio. Cuando eso ocurre, los primeros perjudicados son los pueblos del interior, las personas mayores y quienes más necesitan de un Estado presente.
