El Gobierno de La Pampa decidió no avalar el Informe Final Ambiental (IFA) ni el Plan de Remediación de El Medanito, y lo hizo saber con un mensaje claro: los costos de limpiar ese pasivo ambiental no van a caer sobre las arcas provinciales ni sobre los pampeanos.
La resolución llegó después de seis meses de análisis técnico. Las Secretarías de Ambiente y Cambio Climático y de Energía y Minería concluyeron que la documentación presentada por la Unión Transitoria de Empresas integrada por Petroquímica Comodoro Rivadavia S.A. y Pampetrol Sapem no cumple con las condiciones técnicas, ambientales, económicas y administrativas exigidas. El informe con esas objeciones fue remitido formalmente a la Legislatura, tal como obliga la Ley Provincial N° 3640.
El IFA había sido presentado en diciembre de 2025. Desde entonces acumuló observaciones formuladas en febrero, marzo, abril y junio de 2026. La empresa respondió de manera parcial, y los plazos para subsanar las últimas exigencias vencen entre el 18 y el 20 de junio. Con ese cuadro sobre la mesa, las autoridades provinciales decidieron no aprobar nada.
Sobre los costos, la postura oficial no dejó margen de interpretación: la Provincia no asumirá pasivos ambientales, gastos de remediación, abandono de pozos ni ninguna otra carga económica que derive de la explotación petrolera en esa área. La obligación recae sobre la UTE, que deberá ejecutar las acciones necesarias, mantener vigentes las garantías requeridas y responder por el total de sus compromisos ambientales, técnicos y económicos.
El Ejecutivo también informó que, con el envío del informe a la Legislatura y la realización de la Audiencia Pública del 12 de junio —en la que participaron ciudadanos, organizaciones, organismos públicos y representantes de las concesionarias—, cumplió con los requisitos establecidos por los artículos 5° y 7° de la Ley N° 3640. El documento además quedó incorporado al Data Room de la próxima licitación.
El proceso de evaluación sigue abierto. Las autoridades advirtieron que mantendrán el control sobre el cumplimiento de las obligaciones ambientales y que aplicarán las medidas administrativas y legales que correspondan ante cualquier incumplimiento.
