Este martes, omenzó en el tercer piso de la Universidad Nacional de La Pampa la audiencia pública para analizar el proyecto inmobiliario sobre el acuífero Toay-Santa Rosa-Anguil-Catriló propuesto por el Fideicomiso Santa Rosa Rugby.
En el centro de su intervención, di Nápoli dirigió un reclamo directo a las autoridades provinciales. Recordó que el recurso subterráneo pertenece constitucionalmente a la órbita provincial y que la Secretaría de Recursos Hídricos es su autoridad de aplicación. Sobre esa base, marcó el problema de fondo: la Provincia no cuenta con un relevamiento hidrogeológico integral y actualizado de sus acuíferos.
“Gestionar un recurso no puede ni debe ser no hacer nada con él”, afirmó. Y advirtió que tampoco alcanza con “dictar resoluciones simples, pretendiendo transferir a los municipios las responsabilidades, y hacerlo sin la transferencia de los recursos económicos necesarios”, algo que —dijo— “suena más a sacarse la responsabilidad constitucional de encima”.
El intendente pidió a las autoridades provinciales, incluido el Secretario de Recursos Hídricos presente en la audiencia, que financien y produzcan ese estudio de manera urgente, para poder definir con base científica “qué se puede hacer y qué no, dónde y bajo qué condiciones”. Remarcó que ese conocimiento “tiene que ser un bien público, disponible para todos”.
Di Nápoli también planteó que proyectos que en Santa Rosa no logran definiciones terminan instalándose en localidades vecinas, sobre el mismo acuífero, sin objeción de la autoridad provincial del agua. “¿Quién paga ese desorden y esa inacción? Lo pagan los santarroseños”, con inversiones, trabajo y actividad comercial que la ciudad deja pasar.
En esa línea, sostuvo que cuidar el agua “no puede ser decir que no a todo y mirar para otro lado”, sino “estudiar, definir qué obras se necesitan y dar certezas”.
El intendente subrayó que la ciudad ya cumplió con lo que le correspondía. Recordó que el Código Urbano Ambiental se construyó con los bloques políticos, los colegios profesionales y los técnicos, y se aprobó por unanimidad en el Concejo Deliberante. Ese mismo Código estableció que una decisión como la que hoy se debate requiere una mayoría especial de dos tercios y, por tratarse de un área sobre el acuífero, una audiencia pública con intervención de los organismos provinciales. “Santa Rosa hizo su parte. Ahora falta que la Provincia haga la suya”, afirmó.
Finalmente, reafirmó el criterio que debe ordenar el debate: “El agua de Santa Rosa es una prioridad absoluta para todos. Es el criterio con el que debemos evaluar lo que surja de estas jornadas”. Y pidió no resolver con apuro: “La decisión que tome este Concejo va a tener consecuencias durante décadas. No nos apura nadie; nos apura hacerlo bien”.
