El Gobierno autorizó por decreto el ingreso de tropas estadounidenses para maniobras conjuntas. La decisión generó cuestionamientos por eludir la intervención del Poder Legislativo.
En un contexto internacional marcado por tensiones en Medio Oriente, Argentina inició esta semana una serie de ejercicios militares conjuntos con Estados Unidos sin contar con la aprobación del Congreso nacional. La autorización se concretó mediante un decreto firmado por el presidente Javier Milei y su gabinete, lo que abrió un nuevo foco de debate político e institucional.
Las maniobras, denominadas “Daga Atlántica” y “Passex”, tienen como objetivo reforzar la cooperación entre las Fuerzas Armadas de ambos países y mejorar la interoperabilidad en operaciones combinadas. Desde el oficialismo sostuvieron que la medida busca consolidar a la Argentina como un socio estratégico en materia de seguridad internacional.
Sin embargo, la decisión fue cuestionada porque la Constitución establece que el ingreso de tropas extranjeras debe ser autorizado por el Congreso. Según explicó el Gobierno, el recurso del decreto se utilizó debido a que el proyecto enviado previamente a la Cámara de Diputados no fue tratado.
El operativo incluye actividades en distintos puntos del país, como la Base Naval Puerto Belgrano, la Guarnición Militar Córdoba y la VII Brigada Aérea de Moreno. En paralelo, se desarrollará un ejercicio naval en el Atlántico Sur que contará con la participación de unidades de alto despliegue de la Armada estadounidense, entre ellas el portaaviones USS Nimitz.
De acuerdo con los detalles oficiales, participarán alrededor de 200 efectivos entre ambos países, en un esquema de entrenamiento que podría ampliarse a otras zonas bajo criterios de planificación militar. La programación había sido postergada previamente debido al escenario bélico internacional, lo que obligó a readecuar recursos y tiempos.
El uso de un decreto para habilitar este tipo de operaciones reavivó el debate sobre los límites del Poder Ejecutivo en materia de defensa y el rol del Congreso en decisiones vinculadas a la soberanía nacional.
