En medio del debate entre las provincias sobre una posible modificación de la Ley 26.639 de protección de glaciares, La Pampa tomó postura crítica y reforzó su rechazo con manifestaciones públicas y advertencias sobre los riesgos ambientales y sociales que implicaría debilitar la normativa.
La discusión sobre la modificación de la Ley de Glaciares, que establece los presupuestos mínimos de protección para glaciares y ambientes periglaciales en Argentina, generó no solo cruces técnicos y políticos en el seno del Consejo Federal de Medio Ambiente (COFEMA) sino también una fuerte oposición desde La Pampa, que expresó su rechazo en foros oficiales y a través de manifestaciones públicas.
Autoridades de la provincia pampeana y sectores ambientales alertan que la iniciativa de reforma —impulsada con la intención de redefinir criterios de protección ambiental y transferir mayor capacidad de decisión a las provincias sobre qué áreas deben quedar protegidas— podría debilitar la cobertura uniforme que hoy rige sobre glaciares y sus entornos. Señalan que, al trasladar estas decisiones a nivel provincial, se corre el riesgo de generar protecciones desiguales y menores estándares ambientales, lo que afectaría en última instancia a territorios que, como La Pampa, dependen del agua que nace en cuencas que se originan en zonas cordilleranas.
A raíz de estas preocupaciones, distintos grupos sociales, organizaciones ambientales y vecinos —incluidos en la provincia y en otras regiones— sumaron firmas y participaron de expresiones de rechazo público a la reforma, bajo consignas como “La Ley de Glaciares no se toca” y enfatizando que los glaciares representan reservas estratégicas de agua dulce fundamentales para la vida, la producción y el futuro de todas las comunidades argentinas.
El debate también trasciende lo técnico: en La Pampa se recuerda el impacto que tiene la gestión del agua cordillerana en provincias sin salida a la zona andina, dado que ríos y cursos hídricos comparten cuencas interprovinciales. Los opositores argumentan que una reforma regresiva a la ley podría repetir experiencias de decisiones tomadas sin visión integral, con efectos negativos hacia abajo en las cuencas.
