Las autoridades de la Universidad Nacional de La Pampa (UNLPam) entregarán al Poder Ejecutivo Provincial el informe final que se elaboró para buscar alternativas legales que hagan cumplir el fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
El trabajo fue coordinado por el abogado Andrés Gil Domínguez.
El acto se llevará a cabo el 13 de agosto a las 9.30 en el salón del Consejo Superior (tercer piso de Gil 353). Estará presente el Rector Oscar Alpa junto a Gil Domínguez, mientras que por el Ejecutivo el representante será el gobernador Sergio Ziliotto.
El informe final fue resultado de un trabajo que se realizó en el marco de un convenio entre la UNLPam y el Gobierno Provincial, a través de la Consultora de la Universidad. El Convenio establecía que esta Casa de estudios “evaluaría y propondría a la Provincia alternativas para acudir ante los organismos respectivos tanto en el plano nacional como interamericano o internacional, a fin de efectivizar los derechos reconocidos en la Sentencia dictada el 16/07/2020 en causa N.º 243/2014 caratulada: ‘La Pampa, Provincia de c/ Mendoza, Provincia de s/ Uso de Aguas’ CSJN”. Gil Domínguez, abogado constitucionalista y docente de la Facultad de Ciencias Económicas y Jurídicas, fue el Coordinador General del equipo de trabajo. El mismo estuvo integrado por una docente, una graduada y dos estudiantes de esa Facultad.
Tres etapas.
El informe que recibirá el mandatario pampeano es el resultado de un trabajo realizado a lo largo de cinco meses. Consistió en tres etapas: primero se realizó un análisis pormenorizado de la normativa de los tratados sobre derechos humanos con jerarquía constitucional y de las interpretaciones convencionales realizadas por los órganos de control en torno a la protección del ambiente como derecho humano. Por otra parte, se hizo un estudio exhaustivo de la tramitación de la causa ante la competencia originaria de la CSJN. Por último, se entrevistó a diversos especialistas en derechos humanos del ámbito académico y del litigio trasnacional, con el fin de analizar tres cuestiones: denunciantes, víctimas, y novedad del planteo.
El convenio entre la casa de estudios y el Ejecutivo pampeano surge luego de que se instruyera en 2023 a la Fiscalía de Estado para que, junto a los integrantes de la Comisión Interprovincial del Atuel Inferior (CIAI) y los pobladores del territorio afectado, interpongan un reclamo para lograr el cumplimiento del fallo que ordenó a Mendoza habilitar un caudal mínimo permanente de 3,2 m3/s en el límite interprovincial entre La Pampa y Mendoza.
